El Gobierno de España ha denegado la condición de víctima del terrorismo de Estado a Manuel Jesús García Caparrós, quien fue asesinado por un disparo de la policía militar durante la manifestación por la autonomía plena de Andalucía el 4 de diciembre de 1977. Esta decisión ha suscitado un amplio debate sobre el reconocimiento de las víctimas de actos violentos perpetrados por las fuerzas del orden.
La carta de la Directora General de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo, Montserrat Torija, dirigida a las hermanas de García Caparrós, describe los hechos como “execrables” pero aclara que, según la Ley de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo de 2011, esos hechos “no tienen encaje” en las disposiciones de la ley, a pesar de su gravedad. Torija argumenta que el deber primordial de las fuerzas de seguridad es proteger a los ciudadanos y garantizar el ejercicio libre de sus derechos.
Recurso administrativo y opciones legales
La familia de García Caparrós dispone de un mes para presentar un recurso de alzada ante el Ministerio del Interior. Si este recurso no prospera, podrán recurrir ante un tribunal de lo Contencioso Administrativo. El reconocimiento como víctima del terrorismo no es meramente administrativo; implica un estatus que permitiría a la familia acceder a ayudas económicas, asistencia jurídica y exenciones fiscales, colocándolos en la misma categoría que las víctimas de ETA o de otros grupos terroristas.
La decisión del ministerio, encabezado por Fernando Grande Marlaska, llega justo antes del 28 de febrero, conocido como el Día de Andalucía, que celebra la conquista del autogobierno andaluz, consolidado en el Estatuto de Autonomía de 1981. García Caparrós, reconocido póstumamente como Hijo Predilecto de Andalucía, ha sido respaldado en su reconocimiento por todos los grupos parlamentarios de la región, excepto Vox.
Contexto histórico y demandas de la familia
El 4 de diciembre de 1977, un millón de andaluces se manifestaron en favor de la autonomía plena, y durante esta movilización, García Caparrós fue asesinado. Esta fecha es conmemorada anualmente por los partidos de izquierda como un hito en el proceso de autonomía andaluza. El Gobierno de Juan Manuel Moreno ha oficializado esta efeméride como el Día de la Bandera Andaluza.
En junio de 2022, las hermanas de García Caparrós enviaron una carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, solicitando la desclasificación del expediente secreto sobre su asesinato, el reconocimiento como víctima de terrorismo y una reunión con el presidente. Hasta la fecha, solo se les ha concedido el acceso a los documentos desclasificados.
Acceso a documentación y la búsqueda de justicia
El 11 de noviembre de 2022, el Congreso aprobó permitir a las hermanas García Caparrós acceder al expediente desclasificado sobre el asesinato de su hermano, lo cual representa un paso importante en su lucha por la verdad y la justicia, después de casi 50 años de espera. Sin embargo, su búsqueda de reconocimiento oficial como víctimas del terrorismo continúa sin resolverse.
El abogado que representa a la familia volvió a enviar la solicitud al Ministerio del Interior el 4 de diciembre de 2022, coincidiendo con el aniversario del asesinato. A pesar de la insistencia, la Dirección General de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo ha emitido una resolución desfavorable. En la carta, se disculpan por la demora en la atención a su solicitud, pero reiteran que el caso no califica para el reconocimiento bajo la ley vigente.
En 2007, bajo el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, las hermanas presentaron por primera vez una solicitud de indemnización según la Ley de Solidaridad con las Víctimas del Terrorismo, pero esta fue inadmitida. En 2011, se aprobó una nueva ley que regula indemnizaciones y ayudas para las víctimas del terrorismo, pero el caso de García Caparrós no se ajusta a los supuestos establecidos por dicha ley.
Futuro incierto y reflexión sobre las víctimas
El rechazo a la solicitud de reconocimiento como víctima del terrorismo plantea importantes interrogantes sobre cómo se definen y reconocen las víctimas en España, especialmente aquellas que han sufrido violencia a manos de las fuerzas del Estado. La historia de García Caparrós es un recordatorio de la complejidad de las heridas que aún persisten en la sociedad española en torno a su pasado reciente.
A medida que la familia García Caparrós se prepara para apelar la decisión del Ministerio del Interior, la atención se centrará en cómo el Gobierno abordará las reclamaciones sobre el reconocimiento de las víctimas del terrorismo y la necesidad de una revisión de las leyes que rigen esta materia. Se esperan más desarrollos en las próximas semanas a medida que la familia busque justicia y un reconocimiento que les ha sido esquivo durante tanto tiempo.
Invitamos a nuestros lectores a compartir sus pensamientos sobre este caso y su impacto en la memoria histórica de España.