2024-01-09 14:56:11
La Comisión Europea es “muy consciente del impacto adverso” causado por la contaminación por microplásticos y en particular por los pellets” pero la gestión e investigación de un posible delito detrás de la marea de pellets que inunda desde hace semanas las playas de Galicia y Asturias y amenaza con extenderse por Euskadi y Francia, procedente de uno de los seis contenedores que perdió el buque Toconao el pasado 8 de diciembre frente a las costas de Portugal, compete a las autoridades nacionales españolas.
“En general este tipo de situaciones tienen que ser gestionadas por las autoridades nacionales que son responsables de cualquier evaluación de la situación y de cualquier acción inmediata que sea necesaria, ya sea desde la perspectiva de gestionar la situación medioambiental o para investigar las causas, y si hay sospechas de crimen medioambiental investigar y tomar las medidas apropiadas”, ha explicado el portavoz de medio ambiente, Adalbert Jahnz, sobre un vertido que ya está siendo investigado por la unidad especial de medio ambiente de la Fiscalía General del Estado. Es decir, a corto plazo corresponde a las autoridades españolas mover ficha.
Las cifras que manejan en Bruselas hablan por sí solas del enorme problema que supone: cada año se liberan en el medio ambiente entre 52 y 184 toneladas de pellets por la mala gestión a lo largo de toda la cadena de suministro. “¿Qué puede encontrarse tanto en la profundidad del océano como en la cumbre del monte Everest, en su mayoría invisible para el ojo humano, pero presente en nuestro torso sanguíneo, y que no desaparecerá durante miles de años? Sí, los microplásticos”, alertaba a mediados de octubre el comisario de medio ambiente, Virginijus Sinkevicius, durante la presentación de una propuesta de la Comisión precisamente para reducir la liberación de microplásticos en el medio ambiente europeo y garantizar que todos los operadores adoptan medidas preventivas para evitar vertidos.
Propuesta de octubre
Bruselas propone atajar este tipo de contaminación, “muy persistente, móvil, difícil de eliminar de la naturaleza y en su mayoría invisible para el ojo humano”, a través de una respuesta que garantice mejores prácticas de manipulación por parte de todos los operadores, una certificación obligatoria para las empresas más grandes y autodeclaraciones para los operadores más pequeños, una metodología armonizada y una mayor rendición de cuentas aumentando la sensibilización con requisitos menos estrictos para pymes y pequeños operadores.
Con esta estrategia, todavía por debatir y negociar entre Consejo y Parlamento Europeo, la Comisión considera que podrá reducirse la liberación involuntaria del 74%. Un plan que llega tarde para el vertido frente a la costa portuguesa.” Estamos ante una catástrofe medioambiental sin precedente. Este desastre ecológico representa una enorme amenaza para la conservación del medio ambiente del literal”, ha denunciado este martes la eurodiputada del BNG, Ana Miranda, que ha advertido de que se trata de un “problema europeo”. “La Comisión tiene que mojarse ante una situación que es una catástrofe medioambiental europea. Tiene que instar a la Xunta a que hagan todo el control y active los mecanismos que exige la normativa europea tras el Prestige”, ha reclamado.
Reuniones urgentes
Arropada por algunos eurodiputados de los Verdes/ALE, Miranda ha explicado que ha solicitado reuniones urgentes con los comisarios de medio ambiente y de transportes de la Comisión, que ha pedido información a la Agencia Europea de Seguridad Marítima y la Agencia Marítima Internacional sobre cuándo se comunicó el accidente y que ha solicitado un debate urgente en el pleno del Parlamento Europeo de la próxima semana. Miranda también ha defendido la inclusión en la nueva legislación que negocian Consejo y Parlamento Europeo sobre la directiva de contaminación de buques de los pellets como activos contaminantes.
Además de Miranda también han pedido reuniones urgentes con la Comisión Europea los eurodiputados socialistas Cesar Luena y Nicolás González Casares “ante la descoordinación de la Xunta y la negación de una situación de emergencia por contaminación, que se contrapone a las medidas que propone la Comisión Europea”. Ambos eurodiputados han denunciado la “actitud pasiva” de las autoridades gallegas y la falta de información a las autoridades locales y han pedido a Bruselas que se pronuncie sobre las declaraciones del Gobierno gallego en las que manifiesta que los pellets plásticos “no son tóxicos ni peligrosos” y a la Agencia Europea de Medio Ambiente “sobre el potencial contaminante del vertido de estos pellets al mar”.
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