Durante los últimos diez años, la comunidad internacional ha comenzado a resignarse ante la contienda bélica considerándola ineludible, al tiempo que conflictos ofensivos como los de Ucrania, el Líbano o Irán se multiplican provocando destrucción, desolación y el miedo a un enfrentamiento planetario.
Los Estados consideran cada vez más el conflicto armado como una eventualidad que requiere previsión y asignación de fondos, provocando que los presupuestos de defensa aumenten constantemente, la competencia tecnológica y armamentística cobre mayor fuerza, y un número creciente de naciones evalúe la adquisición de un arsenal atómico defensivo que asegure su protección.
Aceptar la contienda bélica como algo habitual implica retornar a un patrón que dominó gran parte del desarrollo humano, donde el enfrentamiento armado servía como pilar fundamental de las relaciones mundiales y el método habitual mediante el cual las naciones resolvían sus diferencias o ampliaban sus fronteras perjudicando a naciones limítrofes más frágiles.
La tremenda destrucción causada por los dos conflictos mundiales durante los primeros cincuenta años del siglo XX provocó que dicho orden de cosas fuera intolerable, impulsando a las naciones a asociarse en un propósito colectivo para despojar a la guerra de su validez como herramienta de la política gubernamental y convertirla en una actividad ilícita.
Las iniciativas globales orientadas a eliminar el enfrentamiento armado como medio de acción estatal tienen su origen en el Pacto Briand-Kellogg de 1928, un acuerdo suscrito en la capital francesa por 15 naciones al que más tarde se adhirieron numerosas más.
Al congregarse delegados de 50 naciones en San Francisco en 1945 con el propósito de fundar la organización de las Naciones Unidas, retomaron los valores e ideales de aquel Pacto dotándolos de un marco organizativo.
El texto fundacional de la ONU vetó el empleo o la intimidación mediante la fuerza en contra de la soberanía o la autonomía territorial de cualquier nación, dotando a dicha prohibición de organismos con competencias para hacerla efectiva.
Sin embargo, en las últimas décadas el compromiso de los gobiernos con la causa de la paz se ha debilitado. Conforme a datos de Foreign Affairs, millones de ciudadanos se manifestaron en el año 2003 en numerosos núcleos urbanos de todo el planeta para rechazar la incursión militar en territorio iraquí encabezada por Washington, y aun así la guerra siguió adelante.
Iniciada a partir de premisas falsas y en violación del derecho internacional, el conflicto arrasó Irak, agravó la inestabilidad regional y avivó el resentimiento y el terrorismo contra los países occidentales, marcando un punto de inflexión a partir del cual la búsqueda de la paz ha ido retrocediendo en la agenda internacional.
Frente a un horizonte desalentador que encamina al planeta hacia un nuevo conflicto global, las administraciones públicas necesitan recuperar la destreza de rechazar los enfrentamientos bélicos, recayendo sobre todas las naciones el deber de intervenir para restringir el potencial ajeno en la conducción de hostilidades y para consolidar los organismos multilaterales.
El éxito de este proyecto dependerá de un multilateralismo expansivo denominado «maxilateralismo», consistente en una cooperación que abarque al mayor número posible de países, en lugar de limitarse a pequeñas coaliciones ad hoc, con la ambición de que la guerra resulte cada vez más inviable e inimaginable.
En 2003, manifestantes por toda España coreaban «¡No a la guerra!», y en 2026 el mundo no puede volver a ignorarlos.
