Lima, Perú – A medida que la inseguridad ciudadana se consolida como la principal preocupación de los peruanos, un nuevo análisis revela una tendencia preocupante: la extorsión no discrimina clases sociales, pero impacta de manera desproporcionada a los sectores de mayores ingresos. Según el Primer Reporte del Observatorio del Crimen y la Violencia, elaborado por el Banco de Crédito del Perú (BCP) y Capital Humano y Social S.A. (CHS), aproximadamente una de cada cuatro personas mayores de 18 años en Perú ha sido víctima de extorsión o conoce a alguien que lo ha sido en los últimos tres meses. Esto representa a más de seis millones de personas a nivel nacional.
Contrario a la percepción común, la incidencia de la extorsión es mayor en los estratos socioeconómicos A/B (27%), superando ligeramente a los sectores C (26%) y D/E (24%), según una encuesta realizada por Ipsos que sirvió de base para el reporte. Este hallazgo desafía la idea de que la extorsión se limita principalmente a micro y pequeñas empresas (mypes) y emprendedores, revelando que los individuos con mayores recursos económicos también son blanco de esta modalidad delictiva.
La sofisticación de los métodos utilizados por los extorsionadores varía según el nivel socioeconómico de la víctima. En los segmentos de ingresos más altos, los delincuentes suelen obtener información personal, como números de teléfono y direcciones, para enviar mensajes amenazantes a través de aplicaciones de mensajería instantánea como WhatsApp. Además, los montos exigidos suelen ser significativamente mayores en comparación con los que se solicitan a los propietarios de mypes, según Carlos Casas, docente de la Universidad del Pacífico.
“Un empresario, por ejemplo, con varias farmacias que operan en los conos, quizás vive en San Isidro. Entonces, los extorsionadores pueden averiguar su dirección. Ellos al parecer estudian (a la víctima)”, comentó Casas.
El Silencio de los Afectados y el Aumento de las Provisiones
Una de las razones por las que los casos de extorsión que involucran a personas de altos ingresos no se denuncian con la misma frecuencia es que estas personas cuentan con los recursos necesarios para manejar la situación de manera discreta, a menudo optando por pagar a los delincuentes para evitar mayores problemas. Esta práctica, aunque comprensible, contribuye a la impunidad y permite que el crimen organizado continúe operando. De hecho, muchas empresas grandes han estado incrementando sus provisiones para gastos inesperados como medida preventiva, anticipando posibles extorsiones, según reportes.
“Se está detectando que esas provisiones están aumentando y cuando se habla con algunas de estas compañías, la respuesta es: sí, me están extorsionando, o quiero estar preparado (por si me extorsionan)”, manifestó Casas a Gestión.
Impacto en la Inversión y la Economía Peruana
El incremento de la extorsión no solo afecta la seguridad personal y patrimonial de los ciudadanos, sino que también tiene consecuencias negativas para la economía peruana. Víctor Fuentes, gerente de políticas públicas del Instituto Peruano de Economía (IPE), señala que la extorsión genera una distorsión en las decisiones de los hogares, tanto en el consumo como en la inversión. Las personas de altos ingresos, ante la amenaza de ser extorsionadas, podrían optar por ajustar su consumo para evitar llamar la atención, lo que a su vez podría desacelerar el crecimiento económico.
Fuentes también advierte que el crimen organizado, al operar como un “estado paralelo”, socava los incentivos para la inversión y podría llegar a controlar una parte significativa del Producto Bruto Interno (PBI) del país. “En el PBI, el resultado final (de no reducir los niveles de delincuencia) significa menos consumo, menos inversión y, por lo tanto, menos crecimiento”, concluyó.
¿Qué se puede esperar?
El Observatorio del Crimen y la Violencia, una iniciativa del BCP y del Banco de Ideas Credicorp en alianza con Capital Humano y Social S.A., busca contribuir con información y análisis para abordar el problema de la inseguridad ciudadana en Perú. El reporte destaca la necesidad de fortalecer las políticas de seguridad, mejorar la coordinación entre las instituciones del Estado y garantizar la aplicación efectiva de las leyes para combatir la extorsión y otros delitos. La persistencia de esta problemática exige una respuesta integral y coordinada por parte de las autoridades y la sociedad civil para proteger a los ciudadanos y preservar la estabilidad económica del país.
¿Qué medidas adicionales cree usted que podrían implementarse para combatir la extorsión en Perú? Comparta sus ideas en la sección de comentarios y participe en la conversación.
