En Arizona, cientos de miles de ciudadanos están presentando sus impuestos estatales utilizando formularios que podrían requerir modificaciones, debido a un estancamiento político entre la gobernadora demócrata Katie Hobbs y la Legislatura, que es dominada por los republicanos. Esta disputa fiscal ha creado incertidumbre sobre cuánto deben pagar los residentes y empresarios en impuestos estatales para la temporada fiscal de 2025, y podría resultar en la necesidad de presentar declaraciones modificadas.
La situación se complica aún más, ya que cualquier cambio en los formularios actuales podría desencadenar una avalancha de declaraciones enmendadas, afectando particularmente a las empresas. En este contexto, el presupuesto estatal, que debe ser aprobado antes del 30 de junio, se encuentra en una encrucijada, ya que no hay claridad sobre los ingresos disponibles para financiar servicios esenciales.
El estancamiento se intensificó cuando Hobbs vetó un proyecto de ley republicano que habría alineado la política tributaria estatal con los recortes de impuestos federales promulgados por el presidente Donald Trump en julio de 2025 a través de la Ley H.R.1. Este hecho ha llevado a los republicanos a afirmar que implementarán los recortes fiscales sin necesidad de una nueva legislación, lo que ha colocado a Hobbs en una situación difícil, ya que mantiene que no aceptará las condiciones impuestas por la oposición.
El contexto fiscal en Arizona
La disputa fiscal comenzó tras la implementación de la Ley H.R.1, que introdujo cambios significativos en la política tributaria federal, como la exclusión de las horas extras y propinas como ingresos imponibles, así como deducciones fiscales más altas para los contribuyentes. Sin embargo, Arizona no adopta automáticamente estas políticas federales, lo que significa que se requiere una nueva ley para reflejarlas en el código tributario estatal.
La gobernadora Hobbs propuso un “Paquete de Recortes de Impuestos para la Clase Media” en noviembre, que se alinea con la mayoría de las disposiciones federales, pero excluye los recortes destinados a las empresas, argumentando que estos beneficiarían a intereses especiales y multimillonarios. Los republicanos, por otro lado, buscan incluir a las empresas, enfocándose en los beneficios para las casi 700,000 pequeñas empresas de Arizona.
Impacto en los contribuyentes y empresas
La falta de un acuerdo sobre la política fiscal podría tener graves repercusiones. Según estimaciones del Comité Legislativo Conjunto de Presupuesto, los recortes de impuestos propuestos por Hobbs costarían aproximadamente 252 millones de dólares en el año fiscal 2026 y 223 millones de dólares en el 2027. Mientras tanto, la opción republicana de conformidad total podría costar alrededor de 441 millones de dólares y 343 millones de dólares en esos mismos años.
El impacto de estos recortes se siente en la capacidad del estado para mantener los servicios del año anterior. Hobbs y los legisladores demócratas están tratando de financiar más servicios estatales, lo que podría requerir posponer algunos recortes de impuestos. Por su parte, los republicanos argumentan que los ciudadanos y las empresas deberían conservar más de sus ingresos.
¿Qué sigue para los contribuyentes?
Tras el veto de Hobbs a un segundo proyecto de ley el 12 de febrero, los líderes republicanos han declarado que no presentarán otro proyecto de ley de conformidad este año, lo que significa que los contribuyentes podrían verse obligados a presentar declaraciones enmendadas si se implementan cambios retroactivos en la política fiscal. Sin embargo, como lo señala la portavoz de Hobbs, Liliana Soto, el gobernador no aceptará el plan fiscal de los republicanos.
Rebecca Wilder, portavoz del Departamento de Ingresos del estado, ha indicado que los formularios de impuestos emitidos para el 2025 son “válidos y ejecutables” tal como están, a menos que se apruebe una ley que no incluya la conformidad total. Esto significa que, si se requieren modificaciones en el futuro, los contribuyentes deberán estar preparados para presentar enmiendas.
La incertidumbre en torno a la política fiscal también ha llevado a algunos contadores a aconsejar a sus clientes que consideren solicitar extensiones para la presentación de impuestos mientras la situación sigue siendo incierta. Las empresas están aplicando deducciones federales donde sea permitido, a la espera de que se resuelva la cuestión de la conformidad.
En resumen, la disputa fiscal en Arizona resalta la tensión entre la administración demócrata y la legislatura republicana, con implicaciones significativas para los contribuyentes y las empresas del estado. A medida que se acercan las negociaciones presupuestarias, tanto los líderes republicanos como Hobbs deben encontrar un camino a seguir que aborde la incertidumbre actual y brinde claridad a los ciudadanos.
Los contribuyentes y empresarios esperan que se llegue a un acuerdo pronto, ya que la falta de claridad en la política fiscal podría tener repercusiones a largo plazo en la economía estatal. Se recomienda a los interesados que se mantengan informados sobre cualquier desarrollo en las negociaciones y que estén preparados para la posibilidad de que se necesiten declaraciones enmendadas en el futuro.
