Fue gracias a un microtornillo de ortodoncia incrustado en las encías que Priscila Murrieta pudo identificar los restos de su esposo, José Antonio Jiménez, entre los cuerpos rescatados de las fosas clandestinas de El Verde, en Sinaloa. Jiménez formaba parte de un grupo de diez hombres asesinados tras ser secuestrados el 23 de enero por presuntos integrantes de la facción criminal de Los Chapitos, en un hecho que también dejó a otro hombre desaparecido.
Los trabajadores, en su gran mayoría empleados de la minera canadiense Vizsla Silver o de sus contratas en la sierra de Concordia, fueron sustraídos de dos casas distintas, un detalle que apunta a que los criminales iban específicamente por ellos. Jiménez se desempeñaba como encargado de seguridad patrimonial de la minera, mientras que el resto de las víctimas ocupaba puestos que abarcaban desde guardias de seguridad hasta encargados de relaciones comunitarias. Del total de once hombres afectados, diez fueron encontrados muertos en las fosas, mientras que el ingeniero y geólogo Francisco Antonio Esparza, de 68 años, continúa desaparecido.
La compensación económica y el reclamo de las familias
Ante la tragedia, a las nueve familias de los trabajadores cuyos cadáveres aparecieron en las fosas de El Verde, la minera les ha ofrecido un pago doble estos meses, estructurado en dos convenios de apoyo solidario: uno en concepto de finiquito y otro por las circunstancias trágicas del fallecimiento como consecuencia de un acto delincuencial. La suma total asciende a 42.000 dólares.
Los familiares han criticado tanto el monto ofrecido como la lentitud en el avance de las investigaciones. Priscila Murrieta y Alan Esparza —hijo del ingeniero desaparecido— han iniciado una campaña de protesta en Ciudad de México para denunciar la falta de apoyo por parte de Vizsla Silver y de su filial jurídica en el país, Minera Canam, señalando además que aún se desconoce con exactitud qué ocurrió el día de los hechos.
